Con el testimonio de Felipe Baeza, ex jefe de proyectos de la subsecretaria del Interior y quien estuvo a cargo de la cuestionada licitación Plan Frontera Norte; y la exposición del Contralor de la República, Ramiro Mendoza, culminó el periodo de sesiones indagatorias de la comisión investigadora Plan Frontera Norte, presidida por el diputado DC Matías Walker.
Según lo señalado por Walker, “el testimonio de Baeza, como encargado del proceso de licitación, era clave y finalmente, asistió a la comisión. De sus declaraciones surgen evidentes contradicciones por lo señalado en este mismo lugar por el subsecretario Rodrigo Ubilla y por Carabineros, especialmente en relación a la información que el subsecretario poseía sobre el tipo de equipos, los precios y la ausencia de empresas oferentes”.
El parlamentario DC agregó que Felipe Baeza, el primer funcionario en ser desvinculado de la subsecretaria del Interior por este caso, señaló que “el subsecretario tuvo acceso a toda la información y ésta, además, pasó por todos los controles internos”. Señaló, también que fue “obligado” a firmar una declaración exculpatoria del subsecretario Ubilla en este procedimiento cuestionado e investigado, además, por el Ministerio Público.
Por otra parte, el presidente de la comisión agregó que el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, informó sobre el proceso de revisión que realiza una comisión especial de esta instancia a todos los procesos de adquisición de equipos de alta tecnología en distintas reparticiones públicas, especialmente en temas de seguridad ciudadana y Fuerzas Armadas, detectando algunas falencias, como “los plazos extremadamente breves de las licitaciones , lo que estaría impidiendo la participación de empresas internacionales, lo que en rigor, nos deja en manos de los intermediarios nacionales, que, obviamente, piden precios más altos”.
Walker informó, también, que el contralor se manifestó partidario de establecer una clara inhabilidad para los ex funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas y, también de sus familiares, para participar, a través de empresas en licitaciones de este tipo, “obviamente, por las redes establecidas y el uso de información privilegiada “.
El informe de esta comisión investigadora, que apunta a establecer responsabilidades políticas en el llamado caso sobreprecios y cohecho tendría que estar terminado el 13 de agosto y ser sometido a votación en la Sala de la Cámara de Diputados.
