En su calidad de Jefe de Bancada, el diputado Matías Walker, dijo que “tal como lo planteamos en el mes de enero, estamos ingresando esta solicitud que esperamos se apruebe en la sala. Acá está en entredicho la credibilidad de las instituciones que tienen que hacer persecución penal y, por cierto, lo que tiene que determinarse son las responsabilidades”.
Agregó Matías Walker que “habíamos pedido la renuncia del General Gonzalo Blu, jefe de inteligencia, y lamentamos que haya tenido que llegar el nuevo gobierno para tomar una decisión que se debería haber tomado hace mucho tiempo atrás. Y no solamente es necesario determinar responsabilidades políticas en la Operación Huracán; tal como nosotros lo propusimos en el mes de enero, es muy importante también hacer recomendaciones con el objeto de modernizar la ley de inteligencia, la ley antiterrorista y todo lo que tiene que ver con modernizar el funcionamiento de las policías, no solamente de Carabineros sino también de la Policía de Investigaciones”.
En la solicitud se establece que la Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, y estará dotada de todas las facultades que la Constitución Política de la República, las Leyes y el Reglamento de la Corporación le confieran.
El texto ingresado señala que el objetivo de la comisión investigadora será indagar y reunir información sobre:
a) La participación de miembros de Carabineros de Chile y de parte de sus altos mandos en la falsificación de instrumento público y pruebas, en el desempeño de sus labores de inteligencia, para con base en esos antecedentes inculpar a ciudadanos, funcionarios del Ministerio Público y a otros funcionarios policiales en distintas casusas, como la “Operación Huracán”.
b) Los antecedentes que habrían llevado a la contratación como experto informático de don Alex Smith, quien habría falsificado sus títulos profesionales para obtener dicha contratación, derivando recursos fiscales en su asesoría y utilización de programas computacionales de inteligencia que nunca existieron, y las razones por las cuales no se detectó el fraude, además de aclarar el motivo de que un civil haya podido intervenir y participar activamente en labores de pesquisa de información de inteligencia dentro de las unidades de inteligencia de Carabineros.
c) Aclarar la situación de desacato y amedrentamiento por parte de las unidades de Carabineros durante el procedimiento de allanamiento por el Ministerio Público y Policía de Investigaciones en la sede de la U.I.O.E. en Temuco, el 26 de enero de 2018, y el rol que tuvo el Alto Mando de Carabineros para solucionar esta situación.
d) Aclarar las intervenciones realizadas por Carabineros a las comunicaciones de distintos periodistas respecto de los cuales no tenían autorización judicial.
e) La labor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la coordinación de las policías y la obtención de información de inteligencia, y las medidas que se han tomado desde que tomaron conocimiento del errático actuar de la Inteligencia de Carabineros para esclarecer los hechos y evitar que se repita la misma situación en el futuro.
f) Las labores de supervigilancia y fiscalización que se realiza sobre la institución de Carabineros, tanto en temas de inteligencia como en la contratación de personal externo a la institución, y las razones de que dicha fiscalización haya fracasado en esta oportunidad para detectar las labores irregulares de inteligencia y contratación de asesorías.
g) El marco regulatorio de la Ley de Inteligencia para la obtención de información, aclarando posibles falencias en la fiscalización de los organismos de inteligencia y los mecanismos para evitar abusos sobre la ciudadanía.
