El proyecto se extiende, además, a otras figuras penales que también vulneran gravemente la dignidad de las personas, como son los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y las vejaciones injustas. De esta forma, la iniciativa sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio (61 días a tres años y un día) a quien, sin ser empleado público, participe en la incomunicación o uso de rigor innecesario de una persona recluida o haga arrestar o detener arbitrariamente a una persona.
En este contexto el diputado Raúl Saldívar señaló que «nuestra legislación adopta penas proporcionales a las consideradas en otras partes del mundo”, el parlamentario socialista agregó que “a nuestro juicio, se ha dado un salto importantísimo y se ha avanzado en materia de perfeccionamiento de la justicia. Resultaba paradójico que pese a que Chile firmó en 1988 la convención contra la tortura hasta el día de hoy, este tormento no estaba contenido en el código penal. En consecuencia, muchos de los violadores de los derechos humanos no pudieron ser juzgados como correspondía”, sostuvo Saldívar.
El diputado destacó finalmente que se hayan aprobado también artículos que contribuyen a desestimular la aplicación de torturas penalizando también a quien sea testigo de torturas y no intervenga para evitarlas.
Tras la aprobación de la Cámara, la iniciativa fue despachada al Ejecutivo para su promulgación.
