La Cuarta Sala del Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $15 millones por concepto de daño moral, esto a la persona detenida el 15 de septiembre de 1973 en su domicilio por una patrulla de Carabineros que buscaba al hermano de la víctima y que fue trasladado a golpes hasta la comisaría de Illapel, donde fue sometido a torturas y vejámenes.
La resolución consideró el certificado de salud de víctima, elaborado por una psiquiatra, asistente social y un psicólogo, quienes lo evaluaron el año 2021, concluyendo que es posible establecer correlación entre el impacto, en términos emocionales y sociales con los eventos de prisión política que fue experimentado por la víctima.
Seguido, “se suma el prolongado tiempo de detención que tuvo su hermano y la persecución que vivió la familia completa durante el período de dictadura. En relación a las consecuencias de su experiencia de represión, en el ámbito social se observa un distanciamiento significativo con grupo de pares, asociado a emociones de temor e inseguridad posteriores al período de prisión política. Esta conducta de aislamiento social se mantiene hasta la actualidad, manteniendo el usuario una red de apoyo insuficiente para su etapa vital’”.