Sobre esta situación, el ministro Isamit dijo que “el Gobierno está muy preocupado de este aumento. Sabemos que muchas familias no llegan ahí por gusto, sino que por necesidad. A esas familias, las que se instalan en tomas porque no tienen otra opción, la respuesta del Estado debe ser integral”.
Sin embargo, el secretario de Estado precisó que, “a los inescrupulosos, que se toman terrenos fiscales que les pertenecen a todos los chilenos, para abusar y desarrollar actividades ilegales, transformándolos en guetos de delincuencia, micro tráfico y pobreza, el mensaje es muy claro: los vamos a desalojar cada vez que sea necesario”.
Respecto a las necesidades que están viviendo las familias, el ministro Julio Isamit explicó que se avanzó en un plan de acción coordinado con otras instituciones del Estado como el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social, que permitirá una solución integral al problema de cientos de familias.
Además, señaló que desde Bienes Nacionales se tomarán otras medidas, tales como un plan de normalización vía venta, cómo se está realizando en el borde costero de Atacama, enfocado en quienes quieren ser propietarios, una regularización vía arriendo, cómo se ha hecho con las personas del campamento La Varilla de Coquimbo, y siempre, el desalojo de “los inescrupulosos que se toman terrenos para venderlos y estafar a familias, haciéndoles creer que están comprando un terreno privado. Eso no va a ser tolerado”, afirmó el ministro Isamit.
En el caso de la región de Coquimbo, se detectaron 557 ocupaciones ilegales en 120 propiedades fiscales que representan un 3.9 % de total de ocupaciones que existen en el país.
En ese sentido, la Seremi Giannina González explicó que “En la región de Coquimbo solo el 1% del territorio es propiedad fiscal, por lo tanto debemos hacer realizar un administración eficiente de lo poco que tenemos y en ese sentido, hemos trabajado una mesa intersectorial, buscando ordenamiento territorial del sector y de forma paralela, una solución a las familias que realmente no cuenten con una vivienda o un beneficio entregado por el estado.”
Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales administra 41,6 millones de hectáreas de propiedad fiscal, lo que equivale al 55,1% del territorio nacional.
