De esta realidad busca hacerse cargo una moción de los senadores Francisco Chahuán, Ximena Órdenes, Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier y Jorge Soria, que permite a los usuarios poner término a contratos de servicios de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico, eliminando las barreras de salida.
La tramitación de la propuesta ingresada en el 2019 y que se encuentra en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, busca ser agilizada por las congresistas Ximena Órdenes, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz y Ximena Rincón, y los parlamentarios Pedro Araya, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, David Sandoval y Jorge Soria.
Estos senadores presentaron un proyecto de acuerdo mediante el cual, se le solicita al Ejecutivo poner suma urgencia al citado proyecto. La demanda fue aprobada por la Sala en la pasada sesión ordinaria.
La propuesta argumenta que “si bien existe la facilidad de realizar la portabilidad del número telefónico fijo, sin la necesidad de efectuar la renuncia en el antiguo proveedor, este beneficio para el usuario no se mantiene cuando quiere renunciar a los servicios de Internet o de televisión de pago, cuando ellos se proveen en forma conjunta, y por consiguiente debe acudir a su anterior operador. Lo propio ocurre para dar término a los otros servicios de telecomunicaciones. Todo lo anterior constituyen claras barreras de salida para efectuar un cambio en el prestador”.
Los senadores reconocen que la baja portabilidad de la telefonía fija está estrechamente ligada a la contratación de pack de telecomunicaciones, esto porque las compañías que entregan los servicios de internet, televisión por cable y teléfono fijo, cobran un paquete por todo ello. Si una persona solicita terminar con el contrato de telefonía se le obliga a seguir con él para no perder la oferta conjunta.
El proyecto de acuerdo precisa que “las personas deben tener la libertad para acceder a los servicios que estimen convenientes sin que queden cautivos en beneficio de un determinado prestador. Más aún, cuando producto de la crisis económica causada por la pandemia los bolsillos de los chilenos se han estrechado”.
