Matías Walker, como diputado informante, explicó que “el proyecto establece mayores requisitos para desempeñarse en cargos de vigilantes, que son además los que tienen derechos a portar armas, entre estos están el no haber sido condenados por un crimen o delito, no haber sido condenados por un hecho de violencia intrafamiliar, reunir las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para el cargo, lo que significa desde luego, poder pasar exámenes psicológicos y de esa forma tener guardias mejor preparados a cargo de la seguridad privada”.
Por otra parte, el diputado DC manifestó sus diferencias con el Gobierno respecto de quienes estarán a cargo de la fiscalización de la Seguridad Privada. “Lamento la desidia del Ejecutivo, ni siquiera vino el Ministro del Interior a presenciar la votación o a defender el proyecto, lo hicimos los parlamentarios que trabajamos este proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana y por supuesto se va con algunos rechazos al Senado porque el Gobierno propone que el control de esta actividad recaiga en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en Carabineros de Chile, propuesta que no compartimos porque carabineros está hoy muy recargado con labores administrativas y la gente en las poblaciones, las juntas de vecino, en la calle quieren ver a carabineros ejerciendo labores operativas de seguridad ciudadana y no más labores administrativas”.
Walker indicó, además, que “nosotros hemos propuesto que exista una Superintendencia de Seguridad Privada, que regule este mercado que agrupa 126 mil guardias y vigilantes en nuestro país y espero que en el Senado donde la oposición es mayoría podamos aprobar esta importante institución, que va depender del Ejecutivo hacerlo, porque esto involucra muchos recursos”.
El proyecto aprobado señala que “estarán obligadas a mantener un sistema de vigilancia privada las entidades de carácter público o privado, cuyas características de funcionamiento, los recintos en que se encuentren emplazadas, o las actividades que en ellas se desarrollen, generen un mayor nivel de riesgo para la seguridad pública».
Se agrega que “también estarán obligadas a mantener sistemas de vigilancia privada las empresas transportadoras de valores, las instituciones bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dineros en sus operaciones”.
Finalmente, se precisa que “el sistema de vigilancia privada estará integrado por un organismo de seguridad interno, por los recursos tecnológicos y materiales, y por los protocolos de funcionamiento debidamente autorizados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. El sistema de vigilancia privada será dirigido por un jefe de seguridad.
