En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marta Maldonado, Sergio Troncoso y el abogado (i) Fernando Roco– rechazó la acción constitucional deducida, tras establecer que el amparado se mantiene privado de libertad por una decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Vicuña, lo que no es imputable al ente persecutor.
“Así, el acto impugnado emana de una resolución dictada por un juez competente, quien ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, decisión que, por lo demás, resultaba impugnable a través de los recursos procesales que la Ley franquea”, sostiene el fallo.
La resolución agrega: “Que, en consecuencia, de todo lo razonado en los motivos que anteceden es posible concluir que no existe ilegalidad en la decisión de mantener en régimen de privación de libertad al imputado sujeto a prisión preventiva”.
Para el tribunal de alzada: “En tales condiciones, faltando el supuesto básico y esencial que exige el artículo 21 de la Carta Fundamental para brindar el amparo que se reclama, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar”.
“(…) a mayor abundamiento –prosigue–, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 53 del Código Procesal Penal, y tratándose de un delito de acción penal pública, la retractación de la víctima no impide que el Ministerio Público continúe con la persecución penal para la acreditación del hecho punible”.
“Por lo demás, en lo que dice relación en la retractación, en las causas seguidas por violencia intrafamiliar es recurrente que las víctimas se desdigan de sus dichos o incluso los atenúen, en un intento de ayudar al pariente que enfrenta el juicio, lo que obedece al documentado fenómeno de círculo de la violencia doméstica, donde la víctima, en atención a distintos factores (económicos, sociales o sentimentales) perdona al ofensor, pero lamentablemente los actos de violencia no se detienen y habitualmente aumentan en intensidad y consecuencias”, añade.
