La instancia -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- la encabeza, en esta oportunidad, el presidente de la Corte de Apelaciones Iván Corona Albornoz, que dio a conocer los principales cambios que, a partir de este año, se deben considerar para otorgar el beneficio.
“Este año se contempla la necesidad que se acompañen antecedentes por la defensa de los postulantes, que se hagan presentaciones, incluso alegatos orales, y también –lo más importante- la posibilidad que las víctimas puedan dirigirse a la comisión y puedan plantear sus inquietudes respecto a la concesión del beneficio a determinados postulantes, novedades que se han introducido al decreto ley 321 que regula la materia”, indicó el ministro Corona.
Asimismo, los cambios introducidos consideran nuevos requisitos que deben reunir los postulantes, tales como el aumento de bimestres de buena conducta en el caso de delitos más graves, y que en el caso de personas condenadas a presidio perpetuo y perpetuo calificado, una vez rechazada sólo podrán volver a postular transcurrido uno o dos años respectivamente
La comisión de La Serena recibió, en esta oportunidad, 11 oposiciones por escrito a las solicitudes de libertad condicional, y fue solicitada una audiencia de parte de una víctima. No obstante las modificaciones, el informe de Gendarmería continúa siendo un requisito del beneficio y constituye un antecedente calificado para resolver.
Es así que para postular los internos debe cumplir con exigencias, tales como el tiempo de cumplimiento de la condena que se le impuso (en algunos casos, atendido el delito cometido, la mitad de su condena y otros los dos tercios de ella); el haber mantenido una conducta intachable en el establecimiento penal, haber aprendido un oficio, si hay talleres en el recinto en el que se cumple condena, y haber asistido con regularidad a las escuelas y conferencias educativas del penal, estimándoseles en condiciones de ser reinsertados, por encontrarse corregidos y rehabilitados para la vida social.
De esta manera, los condenados quedan bajo la supervisión de personal especializado de Gendarmería, con la obligación de firmar en el Centro de Apoyo para la Integración Social, CRS, o la unidad más cercana al lugar de residencia.
La comisión, que además es integrada por tres jueces de tribunal de juicio oral, un juez de garantía y la ministra de fe del tribunal de alzada, sesionará en cinco. El año pasado, fueron revisadas el primer semestre 380 solicitudes siendo concedidas 10 (2,6%), mientras que en octubre hubo 457 solicitudes, otorgándose 21 (4,6%).
