En el fallo (causa rol 737-2018), el magistrado Gonzalo Martínez Merino aplicó, además, a los sentenciados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genética e inclusión en registro nacional de ADN de condenados, con la excepción de una condenada por su avanzada edad.
Los condenados deberán cumplir durante los cuatro años de libertad vigilada con las condiciones de fijar residencia, sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado de libertad vigilada intensiva de Gendarmería, con asistencia obligatoria a encuentros periódicos, previamente fijados por el delegado; ejercicio permanente de un empleo o trabajo y la obligación de cumplir programa formativo educativo laboral y cultural de acuerdo al plan de intervención.
“Se hace presente que una sentenciada, queda eximida de las obligaciones 3° y 4° ya reseñadas, teniendo en cuenta su avanzada edad y la imposibilidad de cumplirlas, por significar ello un detrimento para su integridad física”, consigna el fallo.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 5.15 horas del 3 de mayo de 2019, funcionarios del OS-7 de Carabineros de Coquimbo, junto con personal del Gope, en virtud de orden judicial de entrada y registro e incautación, lograron la detención de los acusados, todos vinculados a una red de tráfico de drogas, comandada por el suboficial mayor de Carabineros. Organización que operó, al menos, desde fines de septiembre de 2018, y en la cual el policía dado de baja, quien aprovechando su cargo, prestaba cobertura, protección y resguardo, a cambio de dinero, a los demás integrantes de la banda que mantenían plantaciones de marihuana en la comuna de Canela.
