El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a las ministras y ministros de las carteras de Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Obras Públicas, entre otros, presentaron el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el cual conforma el nuevo Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.
La iniciativa, que aborda todos los permisos no ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, busca simplificar los procesos, reduciendo los tiempos de tramitación y entregando más certezas a los inversionistas, sin alterar los estándares técnicos y protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.
La medida es una respuesta a una dificultad que existe hace años y que obstaculiza el desarrollo de la inversión pública y privada. El diseño del proyecto de ley requirió un gran esfuerzo de articulación y priorización para generar un sistema que organice permisos de tantos sectores. Este esfuerzo tomó en consideración las recomendaciones y avances de anteriores administraciones en la materia.
A través de la creación del nuevo sistema, cuyo desarrollo es parte del Pacto Fiscal, se establece el compromiso de fortalecer y aumentar la inversión, para así aportar a la consolidación del empleo y el crecimiento económico. Contempla proyectos de todo tipo, desde los más grandes, como proyectos mineros y energéticos, hasta los más pequeños y que están presentes en el día a día de la ciudadanía, como la habilitación de un almacén. La reforma también establece que la complejidad de las exigencias a las iniciativas evaluadas sea proporcional a su riesgo.
«Lo que hace este proyecto es crear un sistema y generar las condiciones para que, manteniendo la buena calidad regulatoria, podamos reducir de forma muy sostenida los tiempos. Esto por supuesto, implica una reforma muy sustantiva. Estamos dentro del proyecto ley que genera este sistema y que genera un paraguas bajo el cual van a estar articulados estos 380 permisos sectoriales. En la práctica, interviene 37 leyes de forma muy diversa”, explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
En la Región de Coquimbo, desde 2023 se viene desarrollando una intensa agenda de trabajo, en conjunto con los principales gremios empresariales, para recoger necesidades, identificar trabas y cuellos de botella para la inversión, en el contexto de la Mesa Regional de Inversiones, instancia en la que ha surgido, como principal preocupación, la excesiva demora en la tramitación de los permisos sectoriales.
Lo anterior, considerando que en nuestra zona hay más de 20 proyectos en tramitación sectorial con inversión por sobre los US$ 100 millones, por un monto total que supera los US$ 5.800 millones, los que podrían generar cerca de 7.000 empleos en su fase de construcción. La mayoría de estas iniciativas pertenecen a los rubros energético, minero, infraestructura e inmobiliario.
Sin embargo, muchos de ellos enfrentan dificultades para su concreción, ya que existen más de 380 permisos, alojados en más de 30 servicios del Estado, cada uno con sus propios plazos y tramitología.
Pía Castillo, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Coquimbo, destaca que “estamos esperanzados y entusiasmados, ya que creemos que estamos ingresando al Congreso un proyecto de ley muy relevante y esperamos que la tramitación en el Congreso sea lo más rápida posible para poder avanzar con este proyecto. Precisamente, las largas esperas por permisos sectoriales, debido a razones técnicas y de capital humano, son una de las principales necesidades que plantean los gremios en la Mesa Regional de Inversiones y con esta reforma, nos hacemos cargo de esta situación”.
MAYORES CERTEZAS Y CLARIDAD
Con su implementación se proyecta un aumento en la certeza jurídica, mediante normas claras y precisas, por medio de una óptima trazabilidad de los permisos asociados. Asimismo, la reforma vela porque los procesos de tramitación sean adecuados y resguarden los objetos de protección de cada sector (la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, etc.).
Entre los pilares de esta Reforma está la creación de una nueva gobernanza en materia de tramitología, con normas mínimas de tramitación, que estarán a cargo de un nuevo órgano del Estado, que establecerá que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad y tendrán plazos máximos.
Además, se consolida la plataforma SUPER (Sistema Unificado de Permisos) como ventanilla única para la tramitación de permisos sectoriales y para la presentación de declaraciones juradas y avisos por parte de titulares. Esta plataforma permitirá a los titulares de proyectos acceder permanentemente a los detalles del estado de sus solicitudes de autorización.
Todos estos esfuerzos, con el fin de aumentar las certezas a los inversionistas, reducir los tiempos de espera en sus tramitaciones y al mismo tiempo, elevar los estándares ambientales y técnicos sin que ello signifique un obstáculo para los proyectos que generan empleo y desarrollo territorial.
