El diputado por la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay (UDI), respaldó esta semana un importante proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales contra las personas que sustraigan productos, insumos o maquinaria agrícola, otorgando así una mayor protección a los productores que viven de esta actividad y que se han visto gravemente afectados por la delincuencia.
Al respecto, el representante del Distrito 5 explicó que dicha iniciativa fue presentada de manera transversal por el oficialismo el año pasado, con el objetivo de responder a una sentida demanda del sector agrícola, que también se ha visto perjudicado por la crisis de seguridad que vive el país.
En ese sentido, lo que propone el proyecto de ley -que fue despachado al Senado para su segundo trámite constitucional- es sancionar con presidio menor en su grado máximo (de tres a cinco años) el robo de vehículos motorizados, así como los productos o insumos agrícolas, como los fertilizantes.
Asimismo, Sulantay detalló que la propuesta también endurece las sanciones contra el hurto, fijando una pena según el valor del producto o vehículo que es sustraído, restringiendo la sanción a su grado máximo. Pero además, el representante de Coquimbo también precisó que la iniciativa aumentará el castigo para la receptación de los bienes que sean robados o hurtados, estableciendo la misma pena de presidio menor en su grado máximo, además de multas equivalentes a la tasación fiscal.
«Lo que estamos haciendo al aprobar e impulsar este proyecto de ley es reconocer una dura realidad que por mucho tiempo ha sido invisibilizada en nuestro país, que es que los agricultores y las familias que viven del campo también están siendo víctimas permanentes de la delincuencia. Se trata de una compleja situación que se acrecienta, sobre todo, en los sectores más rurales, donde la distancia con las policías, la falta de luminarias y los problemas de conectividad terminan facilitando este tipo de delitos. Lamentablemente, en nuestro país no es lo mismo enfrentar un robo en una zona urbana que en un sector rural, donde la respuesta del Estado muchas veces llega tarde», manifestó Sulantay.
Para argumentar a favor de su voto, el legislador UDI aseguró que tres de cada cuatro agricultores en el país han sido víctimas de la delincuencia, lo que implica un costo anual de US$ 530 millones en pérdidas. Al mismo tiempo, justificó la medida en beneficio de los pequeños productores, quienes habitualmente no tienen los medios suficientes para contar con mayores medidas de seguridad.
Por lo mismo, Sulantay llamó al Senado a tramitar con celeridad la iniciativa, insistiendo en que «no se trata sólo de castigar con mayor dureza a los delincuentes, sino también avanzar en prevención».
«Para un pequeño productor, perder herramientas, insumos o maquinaria puede significar no poder seguir trabajando por un buen tiempo, afectando directamente su sustento y el de su familia. Por eso esperamos que este proyecto se convierta en ley lo antes posible, porque nuestros agricultores no pueden seguir esperando y merecen trabajar y vivir con tranquilidad», reiteró el parlamentario.
