Este lunes 20 de abril del presente año se difundió públicamente la existencia de un documento tipo planilla Excel que contendría antecedentes asociados a funcionarios públicos de la Región de Coquimbo, el cual habría circulado internamente en dependencias de un servicio público y que posteriormente fue filtrado a medios de comunicación y redes sociales. Ante este grave hecho, la diputada ofició a la Contraloría para que investigara y entregara información al respecto.
La jefa de bancada del FA explicó que «si se confirma que se están clasificando funcionarios públicos por su pensamiento político, y que esa información se utilizó para tomar decisiones laborales, podríamos estar frente a un caso de persecución política en el Estado. El servicio público no puede funcionar con listas ideológicas ni con etiquetas sobre las personas. Las evaluaciones deben basarse en el mérito, en el desempeño y en el cumplimiento de la ley, no en las ideas políticas de los trabajadores. Por eso hemos solicitado la intervención de la Contraloría y exigiremos que estos hechos se investiguen con el máximo rigor».
La diputada agregó que «lo que está en juego aquí no es una polémica política, sino el respeto a la democracia, la neutralidad del Estado y los derechos de quienes trabajan en el servicio público.”
