La diputada Nathalie Castillo valoró la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de objetar el Decreto N°94 del 2026 del Ministerio de Transportes y Telecomunicacionesque buscaba modificar el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, también conocido como «Ley Uber». A juicio del organismo fiscalizador, la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar una rebaja en las exigencias aplicables a los taxis.
«La decisión de la Contraloría representa, sin duda, un revés importante para el Ministerio de Transportes. Lo dijimos y lo advertimos junto al gremio de taxistas durante la comisión y también al propio ministro: no era aceptable disminuir exigencias técnicas sin una debida justificación, sin consulta pública y sin fundamentos jurídicos suficientes», señaló la parlamentaria.
La parlamentaria destacó que estas observaciones fueron planteadas oportunamente en el Congreso. De hecho, antes de conocerse el pronunciamiento de la Contraloría, el pasado martes 9 de junio, la diputada Castillo solicitó la realización de una sesión especial de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones -la cual integra- de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo -a través de los Decreto N°94 y N°95- advirtiendo que la rebaja de exigencias carecía de fundamentos técnicos podía afectar tanto a los usuarios como a los trabajadores del transporte.
«Hoy la Contraloría confirma esas observaciones y les da la razón a quienes plantearon legítimamente sus reparos. Esperamos que el ministro y el Ministerio tomen nota de este pronunciamiento, corrijan el rumbo y entiendan que las políticas públicas deben construirse con diálogo, participación y sustento técnico, especialmente cuando afectan el trabajo y la seguridad de miles de personas», sostuvo Castillo.
A través de un oficio emitido el 10 de junio, la CGR resolvió no dar curso al Decreto N° 94 de 2026, que modificaba el Decreto Supremo N° 212 de 1992. En su pronunciamiento, la Contraloría estableció que «el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi». Asimismo, entre otras cosas, indicó que en el expediente no constaban los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justificaran tales medidas, ni tampoco las razones por las cuales la iniciativa no fue sometida a un proceso de consulta pública.
