Matías Walker, presidente de la Comisión, explicó que “el proyecto que aprobamos hoy en la Comisión de Constitución, resguarda los derechos de los propietarios que han arrendado sus viviendas y que les cuesta muchísimo obtener su restitución, aún cuando no se han pagado las rentas de arrendamiento. Lo que hace este proyecto es que en caso de no pago de rentas de arrendamiento, o de gastos comunes, se aplica el procedimiento monitorio, que es un procedimiento simplificado, el más rápido de todos los procesos legales, con el objeto de dar curso a la demanda y ordenar la restitución del inmueble”.
Agregó el diputado Walker que según el proyecto aprobado en Comisión y despachado a la Sala, también “se puede pedir la restitución anticipada del inmueble mediante un procedimiento rápido y simple, además, en caso de destrucción, o que el inmueble ya no sirva para el objeto al que estaba destinado, precisamente por daños ocasionados por el arrendatario. Lo más importante es que se puede pedir como medida precautoria, incluso antes de dar curso a la demanda, la restitución del inmueble”, señaló el parlamentario DC por la región de Coquimbo.
La idea central de la moción aprobada en comisión y despachada a Sala, considera esta medida precautoria de lanzamiento provisorio en contra de aquel arrendatario del que se demuestre un comportamiento irresponsable en el pago o cuidado del inmueble y también contra aquella persona que haga ocupación de una casa ajena, sin título alguno y por ignorancia o mera tolerancia de su dueño, verificándose dicha medida durante el juicio propiamente tal, cuya tramitación tiende a ser breve y concentrada.
El diputado Matías Walker manifestó que este proyecto “es algo que los propietarios, que tienen verdaderas pesadillas tratando de obtener la restitución de su inmueble y que muchas veces es único patrimonio, venían solicitando desde hace mucho tiempo. Esperamos que ahora el proyecto sea aprobado por la sala de la Cámara de Diputados”.
De acuerdo a lo informado en su momento por la Corte Suprema de Justicia, al año se presentan más de 15 mil juicios de arrendamiento y de cada cuatro demandas acompañadas solo una se judicializa. Se estima que cerca de 60 mil familias dueñas de uno o más inmuebles se ven afectadas económicamente por estos tipos de arrendatarios.
