Autoridades de salud de la Región de Coquimbo valoraron la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena y la Corte Suprema, que obliga a una familia de la región a vacunar a su hija en el marco del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), tras un recurso de protección presentado por el Servicio de Salud Coquimbo.
De acuerdo con la sentencia, se reafirma que los padres, en su calidad de garantes, deben velar por la salud de sus hijos, no pudiendo adoptar decisiones que los expongan a riesgos evitables. En concreto, la sentencia ordena la elaboración de un esquema de vacunación personalizado para la menor, a fin de proceder posteriormente con a la aplicación progresiva y oportuna de las inmunizaciones.
En este contexto, el tribunal recuerda lo dispuesto en el Código Sanitario, particularmente en el Artículo 32°, que faculta a la autoridad sanitaria establecer la obligatoriedad de la vacunación respecto de enfermedades transmisibles.
Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud Coquimbo sostuvo que, “estamos muy contentos con el fallo, que, en todas las instancias de la justicia en Chile, pone a pie firme que cuando está en juego la salud de los niños y existen herramientas para enfrentar esto de parte del sistema de salud, hay derechos superiores, inclusive a la voluntad de los padres. La evidencia ha demostrado no solo en Chile, sino que, en el mundo entero, que los sistemas de inmunización, que son largamente estudiados, han cambiado por mucho el estado de salud general de la población”.
Por su parte, la Seremi de Salud Coquimbo, Karen Irribarra, destacó la sentencia y señaló, “valoramos la decisión adoptada por los tribunales de justicia de nuestro país, en cuanto reafirma un principio fundamental que es la protección de la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes, el cual debe prevalecer por sobre decisiones que puedan ponerlos en riesgo. Además, refuerza el carácter esencial de la vacunación como una política pública clave para la protección de toda la comunidad”, indicó la autoridad sanitaria.
En definitiva, la sentencia establece que la vacunación obligatoria constituye una política pública legítima y exigible, cuyo cumplimiento puede ser garantizado por el sistema de salud en resguardo del bienestar individual y colectivo de la población.
