En la jornada que -no estuvo exenta de diversas manifestaciones en las tribunas- intervinieron los senadores Carlos Larraín,Ignacio Waker, Hosaín Sabag, José García Ruminot, Alberto Espina, Eugenio Tuma,Francisco Chahuán, Lily Pérez, Carlos Cantero, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Andrés Zaldívar, Juan Pablo Letelier,Jaime Orpis, Camilo Escalona, Guido Girardi, Hernán Larraín, Ricardo Lagos Weber, Ximena Rincón, Pedro Muñoz, Fulvio Rossi, Alejandro García Huidobro, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana y José Antonio Gómez. Además de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez.
El senador Larraín Peña expresó sus aprensiones y señaló que el AVP tiene elementos similares al contrato civil, con derechos sucesorios idénticos al contrato matrimonial, no obstante, no crea permanencia y tampoco tiene duración mínima, con lo cual se podrían celebrar 10 AVP al año, porque es disoluble en cualquier momento”. Advirtió que “el proyecto generará situaciones complejas “enredos”, porque acentuará el carácter desechable de las relaciones afectivas.
Una postura distinta manifestó el senador Ignacio Walker quien dijo que “darle un estatuto jurídico a las parejas que conviven debiera ser un objetivo de política pública, ya que ello redunda en el beneficio no solo de la pareja en cuestión sino también del conjunto de la sociedad”. Aclaró que “soy de los que creen que el matrimonio es, por su naturaleza jurídica, un contrato entre un hombre y una mujer, pero las parejas que no están en condiciones de estatuir una relación de ese tipo y que simplemente conviven quedan en una situación de precariedad y vulnerabilidad”.
El senador Sabag explicó que mediante este proyecto “se regulan los derechos y obligaciones de los contrayentes. Tiene efecto en parejas tanto heterosexuales como del mismo sexo y que actualmente enfrentan un sinnúmero de problemas prácticos, tales como, herencia, temas patrimoniales y tampoco pueden adoptar decisiones médicas en favor del otro”.
A su turno, el senador García Ruminot, precisó que este proyecto “reduce a su mínima trascendencia la institución del matrimonio, ya que la nueva figura que se crea es tan parecida al matrimonio que cabe preguntarse si llegará a ser desplazada pues establece los mismos derechos pero con un sistema de disolución más expedito”. Advirtió que “cuando debilitamos a la familia lo que estamos haciendo es ir en contra de las instituciones fundamentales. Las estamos desprotegiendo y no vamos en el sentido que debe ir en nuestro ordenamiento jurídico”.
