En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1767-2019), el magistrado Alain Maldonado Liberona ordenó el ingreso del ex funcionario al Complejo Penitenciario de La Serena, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
En la causa, el tribunal dejó con la medida cautelar de firma mensual a dos imputados más por los delitos de evasión tributaria y lavado de dinero, y a otros 16 imputados por evasión tributaria.
Al resolver la cautelar a imponer, el magistrado Maldonado Liberona consideró que: “tratándose de un funcionario público que realizó estas maniobras en ejercicio de sus funciones, que se colude con otras personas a efecto de que inviten a otros para realizar el delito, y este delito tiene reiteración de hechos; vale decir, por lo menos se realizó en más de 20 ocasiones distintas, utilizando el sistema informático y el de otras personas probablemente, hacen estimar que en atención a la forma o modalidad de la comisión del hecho, a la eventual pena que debiera recibir el imputado y a la pérdida fiscal producida por estos hechos, la libertad del imputado constituye claramente un peligro para la libertad de la sociedad”.
Según el ente persecutor, entre el 17 de abril de 2014 y el 13 de octubre de 2017, en dependencias del Servicio de Impuestos Internos de La Serena, el imputado, actuando como jefe de grupo de fiscalización del referido servicio, utilizando el computador institucional que tenía asignado, accedió reiteradamente, usando su clave personal, otra creada furtivamente, y la identidad de otras dos funcionarias subalternas, manipuló maliciosamente las bases de datos informáticas del SII, modificando la información tributaria real de diversos contribuyentes, reclutados previamente por él y su hermano el coimputado G.A.G., para de este modo, desplegar maniobras fraudulentas que significaron el pago por parte de la Tesorería General de la República, de cheques que fueron cobrados por y para los imputados, en sucursales bancarias del BancoEstado, en la ciudad de Andacollo y de La Serena, generando un perjuicio fiscal por total de $411.344.926.
En tanto, entre abril de 2014 y marzo de 2019, el imputado efectuó diversas operaciones lucrativas junto a dos coimputados más, utilizando los dineros obtenidos con la evasión reiterada de impuestos, cuando trabajaba en el SII, y que no se condicen con la remuneración que recibía como funcionario público, impedido, además, de ejercer otras actividades por la naturaleza de sus funciones.
