A una nueva reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, que convoca la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, asistió el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Iván Corona Albornoz.
En la actividad, donde estuvieron además presentes representantes del Ministerio Público, Gendarmería, Carabineros y PDI, el ministro Corona -junto jueces penales de juzgados de La Serena, Coquimbo y Ovalle- manifestaron la importancia de un trabajo coordinado entre las instituciones que permita prevenir situaciones de riesgo y reaccionar proporcionadamente ante situaciones que puedan afectar la integridad de las personas y los recintos en los cuales se desarrollan los procesos penales.
“Se tocaron diversos temas y se escuchó a los magistrados, sus diversas impresiones, llegando a establecer que debemos realizar un trabajo de coordinación entre las distintas instituciones para lograr determinar qué medidas son las más urgentes y las más necesarias, para de alguna manera asegurar que las audiencias se lleven a cabo de manera segura, tanto para los intervinientes como para todos quienes concurren a los tribunales”, indicó.
El año pasado, la Corte de Apelaciones suscribió un convenio con la fiscalía y defensoría regional que creó un comité de seguridad el que se reúne permanentemente y comparte información oportuna respecto a audiencias que puedan significar riesgos.
En ese aspecto, el presidente del tribunal de alzada destacó que una preocupación, también, son los funcionarios de los tribunales, y es por ello por lo que en la reunión se acordó además coordinar capacitaciones por parte de las policías.
“He tenido conversaciones con directivos de la Asociación Nacional de Empleados de Poder Judicial, a quienes también preocupa este tema, de modo que los acuerdos a que arribamos, en torno a establecer coordinaciones y capacitaciones ofrecidas por Carabineros y la Policía de Investigaciones podrán en un futuro próximo dar fruto en cuanto a que establezcamos medidas concretas para, de alguna manera, comenzar a establecer criterios y medidas de seguridad para los tribunales”, concluyó.
