Cabe señalar que el terreno donde actualmente se levanta el APR fue cedido por el dueño original del terreno. Para aclarar esta situación y entregar una cuota de seguridad a los vecinos, el presidente de la comisión social e inversiones del CORE, Teodoro Aguirre, visitó a los dirigentes del APR y dio cumplimiento a un compromiso contraído hace meses de realizar las gestiones necesarias para aclarar la situación.
Aguirre comentó que desde la seremi de Bienes Nacionales informaron a la comisión que el terreno es de uso público, por lo tanto no corresponde la venta por parte de un particular. A esto se debe agregar que en el lugar se ha realizado una potente inversión de parte del estado, cercano a los 300 millones de pesos.
Aguirre adelantó además que en caso que el tema llegue a tribunales, la opción sería la expropiación del terreno para asegurar la supervivencia del sistema de agua potable.
“De tal manera que eso está absolutamente establecido y en cuanto al dominio de este terreno donde está la planta también tiene alguna alternativa que si en alguna situación se judicializara y los vecinos perdieran, tendría entonces la intervención del estado para expropiar, porque acá hay una inversión importante de maquinaria para que funcione esta planta”, indicó el consejero.
La noticia fue bien recibida por los dirigentes y dio algo de tranquilidad. Luis López, vicepresidente del APR, comentó que una de las principales inquietudes de los más de 500 usuarios es definitivamente quedarse sin agua.
“Más que nada la población tiene inquietud que puede quedar sin agua, de donde van a abastecerse de agua por las duchas, baños, etc En cada reunión nos presenten esa inquietud, así que ahora nos quedamos un poco más tranquilos”, señaló.
