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Coquimbo
jueves, marzo 28, 2024

Diputado Walker: “Estamos avanzando hacia poner fin a la impunidad de los delitos de cuello y corbata”

El diputado Matías Walker, uno de los autores de este proyecto, explicó que se trata de “sancionar todos los delitos económicos, como la corrupción, atentados a la libre competencia, delitos de colusión, delitos bursátiles, uso y abuso de información privilegiada; también delitos ambientales, incluyendo la extracción ilegal de agua, el desvío de cauces, y la contaminación de las aguas”.

Señaló el diputado por la región de Coquimbo que con este nuevo cuerpo legal “estamos estableciendo penas efectivas. Nunca más vamos a tener clases de ética como sanción, estamos estableciendo penas privativas de libertad para la colusión, para los delitos bursátiles, y estamos estableciendo la posibilidad del comiso de ganancias. Eso significa quitarle al empresario coludido, al que infringió la ley, todas las utilidades o ganancias obtenidas de manera ilegítima. También días multa, esto es multas por cada día de infracción a la ley”, precisó Matías Walker.

Otros de los aspectos relevantes de esta nueva legislación es “la obligación del Servicio de Impuestos Internos de querellarse en casos graves, lo mismo respecto a la Fiscalía Nacional Económica cuando la colusión incida, por ejemplo, en bienes básicos para la población, como los servicios educacionales, como la alimentación. Lo mismo para que Aduanas se querelle cada vez que tenga noticias de situaciones de contrabando”, dijo el diputado Matías Walker. 

El texto, que se encuentra en primer trámite constitucional, fue objeto de indicaciones en la Sala, por lo que retornará a su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para la elaboración de un segundo informe que aborde el detalle del articulado. “Estamos avanzando hacia poner fin a la impunidad de los delitos de cuello y corbata”, planteó Matías Walker.

El objetivo de la iniciativa es abordar de mejor manera los delitos denominados de “cuello y corbata” que causan conmoción y rechazo social, estableciendo, entre otros puntos, la adecuación en la determinación de penas en el ámbito de la criminalidad económica y reformando la responsabilidad de las personas jurídicas, con el fin de dar respuesta y enfrentar la débil regulación que existe en la actualidad.

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