El parlamentario por la Región de Coquimbo enfatizó en que a raíz del aumento del uso de armas de fuego en delitos violentos, es necesario avanzar hacia el desarme total de la población, dejando la exclusividad de compra de armas de fuego a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
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“Cerca del 50% de las armas que se usan por delincuentes en diversos tipos de delitos, son armas que provienen o tienen un origen legal. Es decir, son armas inscritas, armas que en su momento fueron vendidas de forma legal, pero que han terminado -por distintos motivos- en manos de delincuentes. Esta es una situación extremadamente grave”, destacó Núñez.
El parlamentario agregó que hoy hay 47 mil armas que -habiendo sido compradas legalmente-, no hay certeza en los registros de la Dirección General de la Guarnición Militar, de dónde se encuentran en la actualidad.
“Tenemos un problema de venta indiscriminada de armas en Chile, que ha servido para fomentar delitos producto de un robo o de que un particular que compra un arma. Incluso tenemos casos en los que se han arrendado armas a delincuentes para cometer delitos y ante eso hay que tomar medidas radicales”, detalló.
El proyecto establece sólo dos salvedades a la prohibición de venta de armas a particulares: las empresas de seguridad privada- que por su actividad deben tener armas para sus guardias-; y para los deportistas o personas que tienen la caza deportiva debidamente acreditada.
