1.- Los chilenos hemos sufrido los efectos de la paralización ilegal de los funcionarios municipales, que se inició los días 16 y 17 de Octubre, se reanudó el día 21 de Octubre, y se prolonga hasta hoy.
Durante todos estos días de huelga, el Gobierno ha mantenido una permanente actitud de diálogo con los dirigentes de los funcionarios municipales, buscando con la mejor voluntad alcanzar los acuerdos que, en forma responsable, permitan terminar con esta paralización, que está causando un grave daño a toda la población y en forma muy especial a los sectores más vulnerables y de clase media.
2.- Es necesario recordar que ha sido este Gobierno el que cumplió con la histórica aspiración de los funcionarios municipales, de igualar su remuneración base con aquella de los empleados fiscales. Adicionalmente, y producto de un permanente trabajo conjunto con los dirigentes municipales, implementamos convenientes planes de retiro para mejorar sus pensiones y creamos nuevas asignaciones para los trabajadores municipales. Es por ello que este paro, además de ilegal resulta injusto e infundado.
3.- El Gobierno rechaza y condena los procedimientos al margen de la ley que han sido utilizados. Estos han provocado graves daños a la ciudadanía, poniendo en riesgo la salud de la población con la negativa a extraer la basura y distribuir agua en los sectores más necesitados, y alterando el orden público con tomas y actos de violencia.
4.- El Gobierno ha colaborado con recursos materiales, financieros y humanos con aquellas comunas donde las situaciones han sido más extremas, de forma de atenuar los impactos negativos sobre la población.
5.- Consideramos justa la nivelación de la asignación de los Programas de Mejoramiento de Gestión entre el sector municipal y fiscal, lo cual significa triplicar las asignaciones de los funcionarios municipales y compromete 50.000 millones de pesos por año. Esto, si bien no será de cargo de éste sino de los próximos Gobiernos, nos exige actuar con responsabilidad y hacerlo de manera gradual. Inicialmente propusimos alcanzar este objetivo en 4 años y, en señal de flexibilidad y para acercar posiciones, en el día de ayer propusimos reducir a 3 años.
6.- Sobre esta base, los propios Dirigentes Nacionales de los trabajadores municipales plantearon a sus bases una nueva propuesta. Lamentamos la intransigencia y rigidez que condujo al rechazo de la propuesta que sus propios dirigentes nacionales habían construido y aprobado.
7.- Rechazamos la actuación irresponsable de algunos Alcaldes que, olvidando su principal compromiso de atender las necesidades de los vecinos de sus comunas, lejos de colaborar con la solución del conflicto, han contribuido a agravarlo, lo que ha quedado al descubierto, al llamar a votar hoy en contra de la propuesta a sus propios funcionarios.
8.- Ante estas actitudes, debemos recordar la responsabilidad social que tienen los Alcaldes con sus propios vecinos y la solución de sus problemas. De igual forma, la obligación legal que los hace responsables de la correcta administración de los recursos financieros de las municipalidades, que pertenecen a todos los chilenos, ante la expresa prohibición legal de pagar remuneraciones por trabajos no realizados. El no cumplimiento de esta obligación podría conducir a juicios de cuenta e involucrar responsabilidades personales.
9.- A tan sólo 9 días de las próximas elecciones, también debemos recordar la responsabilidad legal de los Alcaldes de colaborar con la entrega de los materiales y facilidades descritas en la ley para la realización del acto electoral, bajo sanción penal si ello no ocurriere.
Esperamos que todos los Alcaldes cumplan con sus obligaciones y compromisos legales y democráticos.
10.- El Gobierno está colaborando con el SERVEL para el éxito del proceso electoral y está en condiciones de garantizar elecciones con absoluta normalidad. Nadie tiene derecho a amenazar con interrumpir o alterar el normal desarrollo de las elecciones del domingo 17 de noviembre.
11.- Finalmente, el Gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley para igualar gradualmente las asignaciones del Plan de Mejoramiento de Gestión de funcionarios municipales y fiscales. De esta forma estamos contribuyendo a terminar con un conflicto ilegal e injustificado en su origen, condenable en sus métodos y dañino en sus consecuencias para todos los chilenos.
