En este sentido la parlamentaria recalcó que desde hace varios años parlamentarios y organizaciones de las víctimas y familiares “veníamos solicitado el cierre de este tipo de recintos para asegurar la plena igualdad ante la Ley. No es posible que violadores a los Derechos Humanos gozaran de privilegios de una cárcel cinco estrella”.
Agregó que “personalmente, junto a la diputada Denisse Pascal, al diputado Carlos Montes y al entonces diputado Francisco Encina visitamos el lugar, en 1997, comprobamos sus condiciones excepcionales y pedimos a las autoridades terminarlo”.
Sin embargo señaló que este gesto “parece más una decisión personal que una medida institucional de su Gobierno. Los principales personeros de RN y la UDI la han criticado. Lo mismo han hecho candidatos a parlamentarios del oficialismo. Parecen mantener su férreo lazo con la dictadura. No en vano muchos fueron de los “cómplices pasivos” de que habló el propio primer mandatario”.
A reglón seguido dijo que “esta acción puntual carece de un contexto más general. No se aprecia un énfasis en la búsqueda de la verdad y la justicia o en la reparación para las víctimas. Es un hecho aislado, que no desvirtúa otras medidas negativas de esta administración como la reorganización de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, los recortes en programas de apoyo social a las víctimas y su permanente campaña de desprestigio contra los exonerados”.
